Líder sindical costarricense denuncia asesinato de más de 85 dirigentes

San José/Agencia EFE
Más de 85 sindicalistas centroamericanos han sido asesinados durante el último año, según confirmó el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) de Costa Rica, Albino Vargas.

Vargas indicó a Acan-Efe que "estamos preocupados de que la ola de fenómenos represivos contra sindicalistas que recorre Mesoamérica se asiente en Costa Rica". En los últimos 12 meses, 45 dirigentes sindicales de Honduras, 10 de Panamá y más de 30 en Guatemala han sido "perseguidos y asesinados" en protestas y manifestaciones, según afirmó el secretario de la ANEP.

Vargas hizo estas declaraciones durante un acto de apoyo a la "Caravana por la Defensa de los Derechos Humanos en Panamá" que recorre Centroamérica desde el 28 de julio y hasta el 13 de agosto. La caravana, integrada por líderes sindicales de México, Panamá, Costa Rica, Argentina, Alemania, Italia y España, inició su recorrido en San Cristóbal de las Casas (sur de México) y concluirá en Bocas del Toro (oeste de Panamá).

Un miembro del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (FRENADESO), Eric Fernández, resaltó que "no sólo queremos denunciar la represión, torturas y amenazas que sufren los sindicalistas en Centroamérica, si no también evaluar y conocer la situación real de los movimientos sindicales en estos países".

También piden la derogación de "las leyes panameñas de Chorizo y del Carcelazo", comentó Fernández, que "atentan contra la libertad de los trabajadores, campesinos y sindicalistas". La Ley 30 o "Ley Chorizo" es una norma presentada en junio en Panamá que busca el desarrollo de la aviación comercial y en la cual se introdujeron reformas a varios códigos, como el Laboral y el Penal, y a la Ley General de Ambiente.

Esta ley fue el detonante de violentas protestas en julio pasado en la provincia en Bocas del Toro que se saldaron, según cifras oficiales, con dos muertos y más de 130 heridos. Por su parte, la ley "del carcelazo", que se aprobó en abril también en Panamá, dicta penas de prisión entre seis meses y dos años para los participantes de las manifestaciones y huelgas que obstruyan la libre circulación, según especificó Fernández















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